La organización ciudadana Uniendo Caminos México dio a conocer que un juez federal concedió una suspensión definitiva, con efectos generales, en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Esto sucedió en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León.
Ahora lo que toca es que una vez que se notifique a las autoridades del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), éstas no podrán realizar procesos administrativos hasta que no se resuelva el fondo del asunto. “Si bien la suspensión no pone fin al juicio, sí suspende los procesos que han estado realizando las autoridades como parte de la asignación de la nueva Ley”.
Las organizaciones Uniendo Caminos México y Ciencia Plural Mx interpusieron un total de 41 amparos el pasado 9 de mayo en contra de la ley de HCTI, que fue aprobada por los diputados a propuesta del Ejecutivo durante el llamado «viernes negro», la víspera del 29 de abril pasado. De estos, 37 han sido admitidos en todo el territorio nacional.
El abogado Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la organización Uniendo Caminos, platica a El Economista que hasta ahora la Presidencia de la República y los legisladores han sido arbitrarios en las contestaciones requeridas por los jueces en distintos puntos del país, incluso han sido multados sin que eso parezca afectarles, “eso ha alargado el proceso de los amparos contra la Ley de HCTI, pero finalmente se ha hecho presión para que el Juez, en su facultad y ante las negativas de las autoridades aludidas, tome en cuenta los argumentos de los investigadores como ciertos y confiables”.
Aclara que esta no es la primera audiencia de suspensión, “hoy se tienen cuatro previas y en otros casos, en apreciación de otros jueces no era conveniente la suspensión provisional de la Ley, estos ya los impugnamos, pero para este caso, ante la no contestación de Presidencia de la República y legisladores, luego de ser notificados, el juez decidió dar cumplimiento a la exigencia del amparo”.
Con este resultado de suspensión definitiva, el Conahcyt no tendría que parar sus labores, pero el efecto del contenido de la Ley debe ser inaplicable para todos los beneficiarios de la Ley. De acuerdo con el especialista, la medida está bien porque protege la labor del Consejo, no lo paraliza, pero, por otro lado, tendría que proteger al gremio de los embates que la Ley comenzó a demostrar, como el reciente caso de las modificaciones al Sistema Nacional de Posgrados, que hoy tiene en alerta a las instituciones de educación superior por la desaparición de apoyos a cientos de posgrados.
El grupo espera que el Consejo acate las órdenes del Juez, pues probablemente ya fueron notificados, sin embargo, en ocasiones anteriores ellos han negado conocer del caso a través de comunicados, “están en su derecho de defender su postura y ya será un Juez quien determine quién tiene la razón, si autoridad o ciudadanos”.
Ochoa Sada enfatiza que, gracias a los recursos de amparo, el ciudadano tiene una herramienta para hacer entender que el gobierno no tiene la última palabra, y que, aunque lo diga el presidente o el gobierno en el poder, hay manera de proteger las vulnerabilidades. “En un momento histórico como este, el que la gente sepa que tiene recursos a su alcance para poder inconformarse, aunque esto no quiera decir que siempre tengamos la razón, ayuda a saber que alguien externo al gobierno o desde otra función, puede proporcionar justicia”.
